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COMCOSUR AL DIA Nª 74 (16/12/99)
Remetente: dialogo  <dialogo@mbox1.ufsc.br>
Data  de  Envio: 1999-12-17  03:46:36.000
>Date: Thu, 16 Dec 1999 13:09:52 +0300 (GMT)
>X-Sender: comcosur@chasque.apc.org (Unverified)
>To: geapasos@laneta.apc.org, ccjavier@laneta.apc.org,
>        indeso@tau.wamani.apc.org, dialogo@mbox1.ufsc.br,
>        cinep@colnodo.apc.org
>From: comunicacion participativa cono sur - europa
<comcosur@chasque.apc.org> (mediante: comunicacion participativa cono sur -
europa <comcosur@chasque.apc.org>)
>Subject: COMCOSUR AL DIA Nª 74 (16/12/99)
>X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mbox1.ufsc.br id
NAA20102
>
>COMCOSUR
>COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA CONO SUR - EUROPA
>PABLO DE MARIA 1435 / OF. 301 / CP 11 200
>MONTEVIDEO  /  URUGUAY
>TELEFAX: ( 598 2 ) 409 16 56
>E-MAIL: comcosur@chasque.apc.org
>____________________________________________________________
>
>COMCOSUR "AL DÍA"  - AÑO 1 - No. 74
>Martes 14 de diciembre de 1999
>Producción: Andrés Capelán  / Sara Mendez - Raúl Olivera
>Coordinación: Carlos Casares, Jürgen Moritz, y Yessie  Macchi
>____________________________________________________________
>
>ACCION DE AMPARO CONTRA EL ESTADO URUGUAYO DE "TOTA" QUINTEROS .
>	
>El día miercoles  15 de diciembre, TOTA QUINTEROS , presento ante la JUEZ
>LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE  2do TURNO,
>una  acción de amparo contra el Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de
>Defensa Nacional  por la desaparición de su hija la  maestra Elena Quinteros
>, detenida - desaparecida el 28 de junio del año 1976 , víctima de las
>fuerzas de la represión de la dictadura (1973-1984).
>Esta acción de amparo que cuenta con el patrocinio legal del Dr. Pablo
>Chargonia, es promovida con el apoyo de la Secretaria de Derechos Humanos y
>Políticas Sociales del PIT/CNT .
>En la mencionada demanda Tota Quinteros expresa que: "  A pesar del
>sinnúmero de gestiones realizadas no he podido saber, hasta el día de hoy,
>dónde fue conducida luego de ser secuestrada del interior de la embajada de
>Venezuela, ni qué suerte corrió" su hija Elena. "Aquellas preguntas
>elementales no han sido respondidas aún". "Ninguna autoridad pública me
>informó nada en relación a qué ocurrió con mi hija luego del secuestro y
>dónde está su cuerpo", continua expresando la madre de la maestra desaparecida.
>El acontecimiento que da pie a esta acción de amparo, se centra en el hecho
>de que en el corriente año, llegó a su conocimiento, a través de la prensa,
>de la existencia de una declaración efectuada por un ex soldado de nombre
>Sergio Pintado, ante la Suprema Corte de Justicia, en el que se indicarían
>datos relacionados con la desaparición de su hija así como del lugar donde
>se hallaría su cuerpo, todo lo que podría convenir al esclarecimiento de las
>circunstancias de la desaparición y el conocimiento de la verdad de los
hechos .
>Es importante aclarar que a mediados del presente año, integrantes de la
>Secretaria de derechos Humanos del PIT/CNT, y el propio abogado
>patrocinante, a los efectos de verificar esa versión periodística, se
>entrevistaron con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia  Dr.  Raúl
>Alonso De Marco, quien les confirmó la noticia periodística y asimismo les
>informó que los dichos del ex soldado habían sido recogidos en un acta que
>fue remitida a dos destinos: una al Juzgado Letrado de P. Instancia  en lo
>Penal  y otra al Poder Ejecutivo.
>Según lo que se expresa en el escrito de demanda, el citado envío al Poder
>Ejecutivo de las declaraciones de Pintado, por parte de la Suprema Corte de
>Justicia, "se explica, naturalmente, por la pertinencia de la habilitación
>de la investigación administrativa correspondiente, débito jurídico
>elemental ante una declaración como la vertida por aquel ex funcionario
>(art. 72 , 10 , 12 , 7  de la Constitución, art.2 , 175 , 180 , 182 , 194
>del Dec. 500/991)".
>Sin embargo, acota la demanda, el Poder Ejecutivo no ha dispuesto instruir
>la pertinente investigación administrativa, ni ha citado al declarante de
>modo de interrogarle a los efectos de ampliar su declaración, ni ha
>realizado ninguna otra tarea inquisitiva a partir de los dichos del ex
>soldado Pintado. De ese modo que el Poder Ejecutivo recibe una declaración
>de un ex funcionario del Ministerio de Defensa que asegura, entre otras
>cosas, que en el Batallón Nº 13  está enterrada Elena Quinteros, y no se
>dispone diligencia alguna.
>Esa omisión ilegítima es la que da mérito, según los demandantes, a la
>acción de amparo, con el fin de lograr la protección del derecho a la
>información (art. 7 , 29  y 72  de la Constitución de la República, art. 13
>num. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Internacional de
>Derechos Civiles y Políticos del año 1966 ), derecho fundamental de rango
>constitucional que la omisión del estado, en el caso, desconoce francamente
>en la medida que todo ocultamiento, demora, inacción, negligencia, desidia,
>imprudencia en la búsqueda de la información y la obtención de la verdad,
>suponen una evidente lesión de aquel derecho.
>En relación a la pertinencia jurídica de la acción de amparo que presentan
>la demandante, se cita en el escrito lo expresado el Juez Dr. Alejandro
>RECAREY  en el artículo "Publicidad de información en poder del Estado sobre
>desapariciones forzadas", donde se se señala: "Establecido el derecho
>genérico al procedimiento judicial con miras a la obtención de información
>en poder del Estado (cualquiera de sus órganos); procede determinar cuáles
>son las acciones procesales habilitantes para la satisfacción de la
>pretensión correspondiente. Mayoritariamente, se ha considerado que el
>vehículo idóneo para plasmar este derecho -rotulable como habeas data- es el
>recurso de amparo, de raigambre constitucional, reglamentado por la ley Nº
>16.011".
>También se señala que en el trabajo del Dr. Recarey, se cita al Juez Dr.
>Edgardo ETTLIN quien señaló "Consideramos que por su amplitud cabría el
>recurso de amparo (art. 25 Pacto de San José, Ley Nº 16.011, y arts. 7, 72 y
>332 de la Constitución) a efectos de exigir a las autoridades (sea Poder
>Judicial, Ejecutivo o Legislativo) la inquisición correspondiente".
>Finalmente, expresan que en torno a la admisibilidad de la acción de amparo,
>dice el Dr. RECAREY: "...la ausencia de informes válidos sobre todas las
>circunstancias atinentes a las desapariciones forzadas verificadas durante
>la dictadura; constituye una omisión, alcanzable por el amparo".
>A continuación se fundamentan la existencia de los elementos que, al
>criterio de la demandante , justifican que el tribunal la ampare .
>
>SOBRE LA OMISION DEL PODER EJECUTIVO.
>La inacción del Poder Ejecutivo frente al oficio enviado por la Suprema
>Corte de Justicia constituye la omisión estatal cuestionada. Sin embargo, se
>señala que dicha omisión y/o inacción, se verifica en un contexto general
>omisivo en relación a los desaparecidos que el Poder Ejecutivo se ha
>encargado de justificar, mediante el argumento de que: "Los términos muy
>amplios del art. 1º de la Ley (15.848),  que declara la caducidad de la
>pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos alcanzados por la
>misma impide también, como corolario, investigarlos"  .De modo que la propia
>demandada ha intentado justificar su comportamiento omiso, con argumentos
>que no son de recibo como se advierte y se analizará, pero que ilustran sin
>duda sobre la misma omisión relacionada con el oficio recibido de la Suprema
>Corte de Justicia.
>Esta permanente conducta del Poder Ejecutivo se verificó, por ejemplo, en el
>proceso que por responsabilidad de la administración se siguió ante el
>Juzgado Letrado de P. Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º turno
>("Baliñas Puppo, María Mercedes C/Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de
>Defensa Nacional", ficha 40/95),  cuando el Tribunal en los considerandos
>del fallo, expresó: "Resulta también acreditado que el Estado a través del
>Poder Ejecutivo no ha dado un verdadero y cabal cumplimiento a aclarar la
>desaparición del padre de la actora, no ha colaborado en nada con la
>justicia, para averiguar lo que en definitiva se pretende saber por la hija
>del desaparecido. Y esto es así porque disponiendo de todos los medios
>posibles para la averiguación de la verdad la ha ocultado..."
>En este contexto de decidida oposición a toda averiguación, se debe observar
>la negativa del demandado de dar cauce al oficio de la Suprema Corte de
>Justicia, con el contenido de las expresiones del ex soldado Pintado.
>Si un ex funcionario del Estado, como lo fue Pintado,  señala,  que sabe de
>las circunstancias de la desaparición de Elena Quinteros, dónde estuvo,
>asegura que estando detenida tuvo una hija y declara saber el paradero de
>ésta y que su cuerpo está enterrado en una dependencia estatal que
>identifica, está claro que tal declaración hace nacer un deber jurídico de
>indagación de modo de verificar o descartar todo o parte de lo dicho.
>Sin embargo el Estado viola tal deber: omite la volición que el derecho le
>exige: dictar una resolución que disponga una investigación administrativa
>en relación a aquellos dichos, ello en cumplimiento de las normas señaladas
>por el decreto 500/991.
>De la posición sistemática y permanentemente asumida por el Poder Ejecutivo
>da cuenta el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº
>29/92 (aprobado en la Sesión Nº 1169 del 2/10/92), el cual aprobado por
>unanimidad "Recomienda al Gobierno del Uruguay la adopción de medidas
>necesarias para esclarecer los hechos ..." de violación de derechos humanos
>durante el período de facto . Como es público y notorio, ni el Gobierno de
>la época ni el siguiente han adoptado medida alguna tendente al
>"esclarecimiento de los hechos" que pudiere satisfacer a la Comisión
>Interamericana de Derechos Humanos. El caso objeto de este amparo es un caso
>más de ignorancia de la recomendación citada.
>
>SOBRE EL CARÁCTER MANIFIESTO DE LA OMISION.
>El carácter flagrante, ostensible e indudable de la omisión señalada,
>anteriormente, lo subraya el propio ensayo de explicación que el Poder
>Ejecutivo intenta en relación a la totalidad de los casos de desapariciones.
>Dice el Poder Ejecutivo "...una investigación es, por definición, un proceso
>indivisible que tiene por objeto llegar al conocimiento de todas las
>circunstancias que rodean la situación que está siendo investigada. Una
>investigación que  por mandato legal debe detenerse cuando llega al punto de
>identificar a un responsable niega su propia esencia. No existen
>investigaciones parciales . El ensayo de una tan inaceptable tesis, sostiene
>el escrito de la demanda, que no tiene asidero jurídico alguno, y que sirve
>de base para omitir la investigación de los dichos del ex soldado,
>constituye a criterio de la demandante, la prueba irrefutable de la
>ostensibilidad de la omisión.
>Tota Quinteros afirma  que es infundado sostener que una investigación sobre
>las circunstancias de la desaparición de su hija "deba detenerse" cuando se
>identifica al responsable. Eso no es así. Nada impide legalmente la
>prosecución de la investigación se conozca o no se conozcan a los
>responsables. La identificación del  paradero del cuerpo de su hija no tiene
>por qué verse obstruida por la identificación de alguno o algunos de los
>responsables de su secuestro. Nada hay en ley alguna que impida una tal
>investigación.
>El Poder Ejecutivo pretende hacerle decir al art. 1º de la Ley 15848  lo que
>la norma no dice. Sí caducó la pretensión punitiva del Estado, no caducó el
>poder y el deber de investigar.
>Para fundamentar las afirmaciones de lo anteriormente expresado, el escrito
>del recurso de amparo presentado por la madre de Elena Quinteros, cita
>nuevamente al Juez Dr. RECAREY  "...las averiguaciones destinadas a la
>aplicación de la ley penal, y las destinadas puramente a la consecución de
>datos; son absolutamente independientes. Y la llamada Ley de Caducidad de la
>Pretensión Punitiva del Estado, para nada se refiere a este último tipo de
>búsquedas"  .
>El carácter flagrante o manifiesto de la omisión, afirma el recurso
>presentado el martes 14, surge con evidencia cuando el Poder Ejecutivo
>confunde la noción de responsabilidad penal (arts. 1  y 3  del Código Penal)
>con la noción de "identificación del responsable". La ley impide la punición
>penal (art. 1º Ley 15.848 ) y no la hipotética "identificación" del sujeto
>que ya no va a ser sancionado penalmente porque, precisamente, la ley lo
impide.
>Dice el Poder Ejecutivo en el documento ya citado anteriormente: "Por ello,
>al caducar en su totalidad la pretensión punitiva del Estado en relación a
>ciertos delitos caen también en su totalidad, como corolario inevitable, el
>derecho y el deber del Estado a investigar" . Es decir que el Poder
>Ejecutivo sostiene que en el caso de los desaparecidos (y con ello
>pretenderá explicar su omisión ante el oficio de la Suprema Corte de
>Justicia), el art. 1º de la Ley 15.848 dispuso la caducidad del "deber del
>Estado a investigar".  El error es evidente, sostiene el escrito presentado
>y para afirmarlo citan al Dr.  ETTLIN; "El hecho de que se esclarezca los
>insucesos y se determine a sus responsables es independiente al
>procesamiento o condena penal, a la que en los casos de la Ley Nº 15.848 ha
>renunciado el Estado" .
>Esa no  distinción de la diferencia entre la responsabilidad penal y el
>deber de investigar en sede no penal, es para  Tota Quinteros, un serio
>indicador de la flagrancia o carácter manifiesto de la omisión.
>En otro orden de la argumentación, el escrito de 17 carillas, afirma que, no
>puede reducirse la cuestión a un "asunto del pasado", muy por el contrario,
>la desaparición de una persona es un delito continuado, que se está
>cometiendo aún hoy. De tal suerte que ocultar indicios del delito que se
>está cometiendo constituye una conducta de grave licitud. Sobre el punto se
>expidió recientemente el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de  3º  turno
>considerando:
>"En sentencia dictada el 29 de julio de 1988, en el caso contra el Estado de
>Honduras por denuncia de violación de derechos en perjuicio del Sr. Angel
>Manfredo Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
>sentó que "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación
>múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y
>que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro
>de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca,
>además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez e
>interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su
>arresto", etc."(...) "Antecedente que los tribunales uruguayos no podrían
>soslayar por cuanto las normas internacionales tutelares de derechos humanos
>que preordenadamente a su aplicación interpreta la Corte Interamericana,
>también han de ser aplicadas, más allá de su recepción legislativa, en
>cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de la Carta. Y
>especialmente en situación tan clara como la afirmada en la demanda de
>autos, a la que el Estado pretende oponer una supuesta caducidad
>alegadamente operada en el pasado frente a un accionamiento que afirma, por
>fundamento, hechos que revestirían el carácter de ilícitos para el
>ordenamiento civil que se estarían ejecutando aún a la fecha de
>interposición de la demanda..." (sentencia recaída en el expediente 40/95 )
>No obstante el expediente 40/95, está referidos a la caducidad de una acción
>de reparación civil, los conceptos citados son de recibos por cuanto la
>omisión de la que se agravio Tota Quinteros, se refiere a un hecho
>permanente o continuado que es  la desaparición de su hija Elena Quinteros.
>Omisión que, sin perjuicio de las consideraciones señaladas más arriba,
>tratándose de un hecho actual, aparece como quemante en los términos que lo
>exige el art. 1º  de la Ley 16.011 .
>
>SOBRE LA RESIDUALIDAD DE LA ACCION DE AMPARO.
>Los peticionantes de la acción de amparo por el caso de Elena Quinteros,
>fundándose en otra opinión jurídica contenida en el trabajo del Dr. Recarey,
>en este caso la del Juez Dr. Pedro KEROUGLIAN, afirman   que la petición
>administrativa y  el juicio ordinario no son pertinentes cuando la  causa es
>perentoria. En este caso, considerando los plazos legales de una petición
>administrativa, de los recursos administrativos y de la acción de nulidad
>ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y considerando la
>constante posición (ya analizada) del Poder Ejecutivo en cuanto a este tema,
>es necesario concluir que no hay otro remedio jurídico mínimamente eficaz en
>la especie, que este que inicia Tota Quinteros. En otro argumento sobre el
>tema, dicen que la actitud de la propia Suprema Corte de Justicia fue
>elocuente en este aspecto: cuando se presenta el ex soldado Pintado recoge
>su declaración en un acta cuando podía limitarse a reclamarle que ocurriera
>al Juzgado Letrado en lo Penal correspondiente. Y lo hizo por una correcta
>valoración de la situación y de modo que no se perdiera la prueba. La
>existencia de esa acta labrada en sede de la Suprema Corte de Justicia está
>indicando que ésta es, precisamente, una de esas causas calificadas por la
>perentoriedad, por tanto exigentes de un proceso breve como el que
>vehículiza el amparo. No existe otro remedio que pueda satisfacer con
>eficacia el derecho a saber dónde está Elena que tiene su madre Tota Quinteros.
>Basta pensar al respecto en la simple posibilidad de la desaparición física
>tanto de beneficiarios de la información, como de protagonistas y testigos
>de los hechos; para aquilatar la inidoneidad de otros medios de más dilatado
>desarrollo (y la más que probable irreparabilidad del daño que supone la
>prolongación de la ignorancia de esos aconteceres).
>"Mi hija desapareció en 1976. Hace más de veinte años que la busco
>infructuosamente. Mi dolor de tantos años apenas encontrará sosiego el día
>que pueda saber "cómo y dónde". Ese dolor que se acrecienta cuando leo en la
>prensa que mi hija habría dado a luz una niña y no se investiga si es cierto
>o no", expresa con dolorosa elocuencia humana, Tota Quinteros, en medio de
>argumentaciones jurídicas.
>"Sé que, en casos como éste, el paso del tiempo no corre en mi favor, de
>modo que no encuentro otra acción como la que entablo".
>
>OBRE EL PLAZO DE CADUCIDAD.
>Esta acción según Tota Quinteros, citando a Daniel OCHS, se presenta en
>plazo en tanto debe considerarse que la inacción del demandado- el Poder
>Ejecutivo -, "...configura un hecho extendido en el tiempo y como tal, al no
>haber cesado debe considerarse que se trata de una omisión actual, que se
>verifica en este mismo momento" .
>En el mismo sentido, afirman que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 8º
>turno ha dicho: "se trata de una omisión de carácter continuado, por lo que
>no puede entenderse caducada la acción"  y que por su parte  el Tribunal. de
>Apelaciones en lo Civil 6º turno ha sostenido que "la omisión de carácter
>continuado, bloquea la posible caducidad de la acción, asimilándose la
>situación a la del delito permanente (omisión prolongada en el tiempo)".
>También, en Sent. TAC 6º Nº 158/89, citada por Emilio Biasco en "El amparo
>general en el Uruguay", AEU, 1998,  se ha dicho que "La Administración no
>puede prevalecerse de su propia omisión alegando caducidad del acto
>(principio contra non valentum), y que el dolo de la parte interesada en que
>la caducidad sobrevenga, torna procedente la replicatio doli, frente a la
>pretensión de extinción del derecho" .
>
>SOBRE EL PETITORIO
>El respeto a el derecho fundamental a la información de Tota Quinteros,
>reclama que el Estado actúe. Esa actuación, hoy omitida antijurídicamente,
>es el objeto de la petición contenida en la demanda. Se pretende que el Juez
>de amparo ordene a la demandada al cumplimiento de sus cometidos. De manera
>que el poder - deber de investigar que tiene el Estado y que en este caso
>tiene su correspondencia en mi derecho a saber, se realicen con la
>investigación administrativa correspondiente.
>El Poder Ejecutivo podrá orientar su investigación del modo que se entienda
>legítimamente conveniente a los efectos de la mayor eficacia investigativa.
>Para ello, en caso de ampararse el derecho reclamado por Tota Quinteros, el
>juez deberá ordenar que el Poder Ejecutivo - Ministro de Defensa Nacional
>inicie con resolución fundada una investigación administrativa, la que
>formará cabeza del proceso, tendiente a determinar o comprobar la existencia
>de los hechos irregulares e ilícitos señalados en su declaración por el ex
>soldado Pintado (arts. 182  y 185  del Decreto 500/991). Tal como lo exige
>la norma citada, conjuntamente deberá nombrarse el funcionario encargado de
>la investigación. En tal caso dicho nombramiento deberá respetar los
>siguientes principios generales de la Administración Pública: imparcialidad,
>lealtad y  buena fe (art. 2 del Decreto 500/991) de modo que la
>investigación no recaiga en una persona tachable por haber estado vinculada
>a las personas responsables de la violación de los derechos humanos durante
>la pasada dictadura. En relación a este nombramiento, el Juez ordenará que
>ocurra en forma ajustada a la norma jurídica aplicable (el ya citado art.
>185 del D. 500/991) quedando en manos del jerarca ministerial la decisión de
>qué persona, de entre las que reúne aquellos requisitos, es la más adecuada
>para el cumplimiento del procedimiento investigativo.
>
>SOBRE LAS PRUEBAS
>El escrito firmado por el Dr. Pablo Chargonia, solicita que se intime al
>Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional, a que concurra a la
>audiencia munido de testimonio fiel del expediente a que dio lugar la
>comunicación de la Suprema Corte de Justicia referido a las manifestaciones
>del ex soldado Pintado. Que también  se intime a la Suprema Corte de
>Justicia  a:  que remita a la Sede judicial copia fiel del acta donde se
>recoge la declaración del ex soldado Sergio Pintado y se menciona a la
>Maestra Elena Quinteros; a la  vez que  informe en qué fecha comunicó al
>Poder Ejecutivo el contenido de la declaración de Pintado y qué respuesta
>obtuvo de aquél.
>
>LAS NORMAS DE DERECHO QUE INVOCA TOTA QUINTEROS
>La Constitución de la República, el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley
>16.011, Ley 16.724 (ratificatoria de la Convención Interamericana sobre la
>Desaparición Forzada de Personas) y el Decreto 500/991.
>
>EL PETITORIO DE LA DEMANDA.
>Se ordene al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional que en el
>plazo de 10 días hábiles inicie con resolución fundada una investigación
>administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la Maestra
>Elena Quinteros y su paradero, considerando en particular el testimonio
>vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la Suprema Corte de
>Justicia.
>Se ordene asimismo a la demandada a que designe, en el mismo plazo, el
>funcionario encargado de la investigación el que deberá ser una persona no
>tachable por sospechas de parcialidad o mala fe.
>Se disponga el pago de una multa equivalente a 100 UR por cada día que se
>mantenga el incumplimiento de la orden de iniciar con plazo de 10 días una
>investigación administrativa.
>
>***********************************************************************
>
>TEXTO COMPLETO DEL PETITORIO DE "TOTA" QUINTEROS
>
>
>Sra. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
>
>María del Carmen ALMEIDA DE QUINTEROS, C.I. 294.374-7 con domicilio real en
>26 de Marzo 1211 y constituido en Av. 18 de Julio 2190 (Sede del PIT-CNT -
>tel 099 145 512), me presento y digo:
>que vengo a incoar acción de amparo contra el Estado - Poder Ejecutivo -
>Ministerio de Defensa Nacional  con domicilio en Av. 8 de Octubre 2628, en
>mérito a las siguientes consideraciones.
>1- Antecedentes.
>Soy la madre de la maestra Elena Quinteros Almeida detenida-desaparecida en
>el año 1976 (adjunto partida de nacimiento). La desaparición de mi hija,
>víctima de las fuerzas de la represión del pasado gobierno de facto, se
>trata de un hecho notorio que ha sido denunciado en diversos foros
>nacionales y extranjeros sin que aún se pudiera dar con su paradero ni
>conocer las circunstancias de su desaparición.
>A pesar del sinnúmero de gestiones realizadas no he podido saber, hasta el
>día de hoy, dónde fue conducida luego de ser secuestrada del interior de la
>embajada de Venezuela, ni qué suerte corrió. Aquellas preguntas elementales
>no han sido respondidas aún. Ninguna autoridad pública me informó nada en
>relación a qué ocurrió con mi hija luego del secuestro y dónde está su cuerpo.
>2- En el corriente año, llegó a mi conocimiento, a través de la prensa, de
>la existencia de una declaración efectuada por un exsoldado de nombre Sergio
>Pintado, ante la Suprema Corte de Justicia, en el que se indicarían datos
>relacionados con la desaparición de mi hija así como del lugar donde se
>hallaría su cuerpo, todo lo que podría convenir al esclarecimiento de las
>circunstancias de la desaparición y el conocimiento de la verdad de los hechos.
>A los efectos de verificar esa versión, mis representantes se entrevistaron
>con el Presidente de la Corporación  Dr.  Raúl  Alonso De Marco. En dicha
>entrevista el Dr. Alonso nos confirmó tal especie periodística y asimismo
>nos informó que los dichos del exsoldado habían sido recogidos en un acta
>que fue remitida a dos destinos: un Juzgado Letrado de P. Instancia  en lo
>Penal y el Poder Ejecutivo.
>El envío de la documentación probatoria recogida por la Suprema Corte de
>Justicia al Poder Ejecutivo se explica, naturalmente, por la pertinencia de
>la habilitación de la investigación administrativa correspondiente, débito
>jurídico elemental ante una declaración como la vertida por aquel
>exfuncionario (art. 7, 10, 12, 72 de la Constitución, art.2, 175, 180, 182,
>194 del Dec. 500/991).
>Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha dispuesto instruir la pertinente
>investigación administrativa, ni ha citado al declarante de modo de
>interrogarle a los efectos de ampliar su declaración, ni ha realizado
>ninguna otra tarea inquisitiva a partir de los dichos del exfuncionario
>citado. De modo que el Poder Ejecutivo recibe una declaración de un
>exfuncionario del Ministerio de Defensa que asegura, entre otras cosas, que
>en el Batallón Nº 13 está enterrada mi hija, y no se dispone diligencia alguna.
>Es esta inacción la que constituye una omisión que por manifiestamente
>ilegítima se torna rechazable y da mérito a la presente acción de amparo.
>2- ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO
>El objeto de esta acción es la protección de mi derecho a la información
>(art. 7, 29 y 72 de la Constitución de la República, art. 13 num. 1 del
>Pacto de San José de Costa Rica, Convención Internacional de Derechos
>Civiles y Políticos del año 1966), derecho fundamental de rango
>constitucional que la omisión del estado, en el caso, desconoce francamente
>en la medida que todo ocultamiento, demora, inacción, negligencia, desidia,
>imprudencia en la búsqueda de la información y la obtención de la verdad,
>suponen una evidente lesión de aquel derecho.
>En relación a la pertinencia jurídica de la acción de amparo se ha expresado
>el Juez Dr. Alejandro RECAREY en su artículo "Publicidad de información en
>poder del Estado sobre desapariciones forzadas" (La Justicia Uruguaya, T.
>119, marzo.-abril 1999, p. 75 y ss). Allí se señala: "Establecido el derecho
>genérico al procedimiento judicial con miras a la obtención de información
>en poder del Estado (cualquiera de sus órganos); procede determinar cuáles
>son las acciones procesales habilitantes para la satisfacción de la
>pretensión correspondiente. Mayoritariamente, se ha considerado que el
>vehículo idóneo para plasmar este derecho -rotulable como hábeas data- es el
>recurso de amparo, de raigambre constitucional, reglamentado por la ley Nº
>16.011".
>Más adelante cita al Juez Dr. Edgardo ETTLIN quien señaló "Consideramos que
>por su amplitud cabría el recurso de amparo (art. 25 Pacto de San José, Ley
>Nº 16.011, y arts. 7, 72 y 332 de la Constitución) a efectos de exigir a las
>autoridades (sea Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo) la inquisición
>correspondiente".
>Finalmente, en punto a la admisibilidad de la acción de amparo, dice
>RECAREY: "...la ausencia de informes válidos sobre todas las circunstancias
>atinentes a las desapariciones forzadas verificadas durante la dictadura;
>constituye una omisión, alcanzable por el amparo".
>Como se verá en esta demanda, en la especie se verifican todos los elementos
>que la Ley Nº 16.011 reclama para que se proceda a amparar a la accionante.
>
>4 - LA OMISION.
>La inacción del Poder Ejecutivo frente al oficio enviado por la Suprema
>Corte de Justicia constituye la omisión estatal cuestionada en esta acción.
>Nos centraremos en ella, sin perjuicio de señalar que esa inacción se
>verifica en un contexto general omisivo en relación a los desaparecidos que
>el propio demandado se ha encargado de justificar. En efecto se ha dicho que
>"Los términos muy amplios del art. 1º de la Ley (15.848),  que declara la
>caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos
>alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigarlos"
>(Respuesta del Poder Ejecutivo de fecha 29/12/97, al reclamo de investigar
>las desapariciones presentado por varios familiares de desaparecidos,
>publicado en Desaparecidos - Cuadernos de Denuncia, Pit-Cnt, 1998, p. 54, el
>subrayado me corresponde.).
>De modo que la propia demandada ha intentado justificar su comportamiento
>omiso, con argumentos que no son de recibo como se advierte y se analizará,
>pero que ilustran sin duda sobre la misma omisión relacionada con el oficio
>recibido de la Suprema Corte de Justicia.
>Esta permanente conducta de la accionada se verificó, por ejemplo, en el
>proceso que por responsabilidad de la administración se siguió ante el
>Juzgado Letrado de P. Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º turno
>("Baliñas Puppo, María Mercedes C/Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de
>Defensa Nacional", ficha 40/95). Sin perjuicio de la especificidad del caso
>y de la pretensión reparatoria patrimonial sostenida, vale transcribir uno
>de los considerandos del fallo: "Resulta también acreditado que el Estado a
>través del Poder Ejecutivo no ha dado un verdadero y cabal cumplimiento a
>aclarar la desaparición del padre de la actora, no ha colaborado en nada con
>la justicia, para averiguar lo que en definitiva se pretende saber por la
>hija del desaparecido. Y esto es así porque disponiendo de todos los medios
>posibles para la averiguación de la verdad la ha ocultado..."
>En este contexto de decidida oposición a toda averiguación, se debe observar
>la negativa del demandado de dar cauce al oficio de la Suprema Corte de
>Justicia.
>La doctrina concibe a la omisión como la inobservancia de un deber que es
>impuesto por el orden jurídico. Dice Guillermo MUÑOZ que se trata de
>"deberes de acción cuya violación consiste en omitir" (citado por Carlos N.
>SACCHI en Cuarto Coloquio - Contencioso de Derecho Público, p. 41).
>Si un exfuncionario señala, como ha surgido en las versiones de prensa, que
>sabe de las circunstancias de la desaparición de mi hija, dónde estuvo,
>asegura que estando detenida tuvo una hija y declara saber el paradero de
>ésta y que su cuerpo está enterrado en una dependencia estatal que
>identifica, está claro que tal declaración hace nacer un deber jurídico de
>indagación de modo de verificar o descartar todo o parte de lo dicho.
>Sin embargo el Estado viola tal deber: omite la volición que el derecho le
>exige: dictar una resolución que disponga una investigación administrativa
>en relación a aquellos dichos, ello en cumplimiento de las normas señaladas
>por el decreto 500/991.
>De la posición sistemática y permanentemente asumida por el Poder Ejecutivo
>da cuenta el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº
>29/92 (aprobado en la Sesión Nº 1169 del 2/10/92), el cual aprobado por
>unanimidad "Recomienda al Gobierno del Uruguay la adopción de medidas
>necesarias para esclarecer los hechos ..." de violación de derechos humanos
>durante el período de facto. (Tribuna del Abogado Nº 104, p. 9, el subrayado
>es mío).
>Como es público y notorio, ni el Gobierno de la época ni el siguiente han
>adoptado medida alguna tendente al "esclarecimiento de los hechos" que
>pudiere satisfacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso
>objeto de este amparo es un caso más de ignorancia de la recomendación citada.
>
>5. EL CARÁCTER MANIFIESTO DE LA OMISION.
>El carácter flagrante, ostensible e indudable de la omisión señalada lo
>subraya el propio ensayo de explicación que el Poder Ejecutivo intenta en
>relación a la totalidad de los casos de desapariciones.
>Dice el demandado "...una investigación es, por definición, un proceso
>indivisible que tiene por objeto llegar al conocimiento de todas las
>circunstancias que rodean la situación que está siendo investigada. Una
>investigación que  por mandato legal debe detenerse cuando llega al punto de
>identificar a un responsable niega su propia esencia. No existen
>investigaciones parciales" (respuesta del Poder Ejecutivo de 29/12/97
>publicada en Cuadernos...cit. p. 54).
>El ensayo de una tan inaceptable tesis, que no tiene asidero jurídico
>alguno, y que sirve de base para omitir la investigación de los dichos del
>exsoldado, constituye a mi entender la prueba irrefutable de la
>ostensibilidad de la omisión.
>Cabe decir que es infundado sostener que una investigación sobre las
>circunstancias de la desaparición de mi hija "deba detenerse" cuando se
>identifica al responsable. Eso no es así. Nada impide legalmente la
>prosecución de la investigación se conozca o no se conozcan a los
>responsables. La identificación del  paradero del cuerpo de mi hija no tiene
>por qué verse obstruida por la identificación de alguno o algunos de los
>responsables de su secuestro.
>Nada hay en ley alguna que impida una tal investigación.
>El Poder Ejecutivo pretende hacerle decir al art. 1º de la Ley 15848 lo que
>la norma no dice. Sí caducó la pretensión punitiva del Estado, no caducó el
>poder y el deber de investigar.
>Dice RECAREY que "...las averiguaciones destinadas a la aplicación de la ley
>penal, y las destinadas puramente a la consecución de datos; son
>absolutamente independientes. Y la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión
>Punitiva del Estado, para nada se refiere a este último tipo de búsquedas"
>(LJU cit.).
>Sin perjuicio de lo precedente, el carácter flagrante o manifiesto de la
>omisión, surge con evidencia cuando el Poder Ejecutivo confunde la noción de
>responsabilidad penal (arts. 1 y 3 del Código Penal) con la noción de
>"identificación del responsable". La ley impide la punición penal (art. 1º
>Ley 15.848) y no la hipotética "identificación" del sujeto que ya no va a
>ser sancionado penalmente porque, precisamente, la ley lo impide.
>Dice la accionada: "Por ello, al caducar en su totalidad la pretensión
>punitiva del Estado en relación a ciertos delitos caen también en su
>totalidad, como corolario inevitable, el derecho y el deber del Estado a
>investigar" (respuesta cit.).
>Es decir que el Poder Ejecutivo sostiene que en el caso de los desaparecidos
>(y con ello pretenderá explicar su omisión ante el oficio de la Suprema
>Corte de Justicia), el art. 1º de la Ley 15.848 dispuso la caducidad del
>"deber del Estado a investigar".
>El error es evidente.
>Dice ETTLIN que "El hecho de que se esclarezca los insucesos y se determine
>a sus responsables es independiente al procesamiento o condena penal, a la
>que en los casos de la Ley Nº 15.848 ha renunciado el Estado" (citado por
>Recarey, LJU cit).
>De modo que no distinguir la diferencia entre la responsabilidad penal y el
>deber de investigar en sede no penal, es un serio indicador de la flagrancia
>o carácter manifiesto de la omisión del caso.
>Por otro lado, no puede reducirse la cuestión a un "asunto del pasado". Muy
>por el contrario, la desaparición de una persona es un delito continuado,
>que se está cometiendo aún hoy. De tal suerte que ocultar indicios del
>delito que se está cometiendo constituye una conducta de grave ilicitud.
>Sobre el punto se expidió recientemente el Tribunal de Apelaciones en lo
>Civil de  3º  turno considerando:
>"En sentencia dictada el 29 de julio de 1988, en el caso contra el Estado de
>Honduras por denuncia de violación de derechos en perjuicio del Sr. Angel
>Manfredo Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
>sentó que "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación
>múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y
>que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro
>de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca,
>además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez e
>interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su
>arresto", etc."(...) "Antecedente que los tribunales uruguayos no podrían
>soslayar por cuanto las normas internacionales tutelares de derechos humanos
>que preordenadamente a su aplicación interpreta la Corte Interamericana,
>también han de ser aplicadas, más allá de su recepción legislativa, en
>cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de la Carta. Y
>especialmente en situación tan clara como la afirmada en la demanda de
>autos, a la que el Estado pretende oponer una supuesta caducidad
>alegadamente operada en el pasado frente a un accionamiento que afirma, por
>fundamento, hechos que revestirían el carácter de ilícitos para el
>ordenamiento civil que se estarían ejecutando aún a la fecha de
>interposición de la demanda..." (sentencia recaída en el expediente 40/95
>citado ut supra)
>No obstante estar referidos a la caducidad de la acción reparatoria, los
>conceptos citados son de recibos por cuanto la omisión de la que me agravio,
>refiere a un hecho permanente o continuado cual es la desaparición de mi
>hija. Omisión que, sin perjuicio de las consideraciones señaladas más
>arriba, tratándose de un hecho actual, aparece como quemante en los términos
>que lo exige el art. 1º  de la Ley 16.011.
>
>6- RESIDUALIDAD DE LA ACCION DE AMPARO.
>Ha dicho el Juez Dr. Pedro KEROUGLIAN que tanto la petición administrativa
>como el juicio ordinario no son pertinentes cuando la  causa es perentoria
>(citado por Recarey, LJU, cit).
>En el caso, considerando los plazos legales de una petición administrativa,
>de los recursos administrativos y de la acción de nulidad ante el Tribunal
>de lo Contencioso Administrativo, y considerando la constante posición (ya
>analizada) del Poder Ejecutivo en cuanto a este tema, es necesario concluir
>que no hay otro remedio jurídico mínimamente eficaz en la especie.
>La actitud de la propia Suprema Corte de Justicia es elocuente en este
>aspecto: cuando se presenta el exsoldado Pintado recoge su declaración en un
>acta cuando podía limitarse a reclamarle que ocurriera al Juzgado Letrado en
>lo Penal correspondiente. Y lo hizo por una correcta valoración de la
>situación y de modo que no se perdiera la prueba. La existencia de esa acta
>labrada en sede de la Suprema Corte de Justicia está indicando que ésta es,
>precisamente, una de esas causas calificadas por la perentoriedad, por tanto
>exigentes de un proceso breve como el que vehiculiza el amparo. No existe
>otro remedio que pueda satisfacer con eficacia mi derecho a saber dónde está
>Elena.
>"Baste pensar al respecto en la simple posibilidad de la desaparición física
>tanto de beneficiarios de la información, como de protagonistas y testigos
>de los hechos; para aquilatar la inidoneidad de otros medios de más dilatado
>desarrollo (y la más que probable irreparabilidad del daño que supone la
>prolongación de la ignorancia de esos aconteceres)" (Recarey, LJU cit.).
>Mi hija desapareció en 1976. Hace más de veinte años que la busco
>infructuosamente. Mi dolor de tantos años apenas encontrará sosiego el día
>que pueda saber "cómo y dónde". Ese dolor que se acrecienta cuando leo en la
>prensa que mi hija habría dado a luz una niña y no se investiga si es cierto
>o no.
>Sé que, en casos como éste, el paso del tiempo no corre en mi favor, de modo
>que no encuentro otra acción como la que entablo. Tal como dice Luis Alberto
>VIERA "Hay siempre, en el amparo, una razón de tiempo, de inmediatez, que
>requiere un actuar sin tardanza, un proceder con urgencia" (Ley de Amparo,
>1993, p. 21).
>
>7- EL PLAZO DE CADUCIDAD.
>Esta acción se presenta en plazo en tanto debe considerarse que la inacción
>de la accionada "...configura un hecho extendido en el tiempo y como tal, al
>no haber cesado debe considerarse que se trata de una omisión actual, que se
>verifica en este mismo momento" (Daniel OCHS citado por Carlos N. SACCHI en
>Cuarto, cit, p. 47).
>En el mismo sentido el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 8º turno ha
>dicho: "se trata de una omisión de carácter continuado, por lo que no puede
>entenderse caducada la acción" (cit. por Luis Alberto Viera, Ley de Amparo,
>p. 194).
>Por su parte el T. de Apelaciones en lo Civil 6º turno sostiene que "la
>omisión de carácter continuado, bloquea la posible caducidad de la acción,
>asimilándose la situación a la del delito permanente (omisión prolongada en
>el tiempo)". También se ha dicho que "La Administración no puede
>prevalecerse de su propia omisión alegando caducidad del acto (principio
>contra non valentum), y que el dolo de la parte interesada en que la
>caducidad sobrevenga, torna procedente la replicatio doli, frente a la
>pretensión de extinción del derecho" (Sent. TAC 6º Nº 158/89, citada por
>Emilio Biasco en "El amparo general en el Uruguay", AEU, 1998, p. 346).
>Todo ello sin perjuicio del criterio "pro actione" que debe prevalecer.
>
>8 - ACERCA DEL PETITUM
>El respeto a mi derecho fundamental a la información reclama que el Estado
>actúe. Esa actuación, hoy omitida antijurídicamente, es el objeto de la
>petición contenida en esta demanda. Se pretende que el Juez de amparo ordene
>a la demandada al cumplimiento de sus cometidos. De manera que el
>poder-deber de investigar que tiene el Estado y que en este caso tiene su
>correspondencia en mi derecho a saber, se realicen con la investigación
>administrativa correspondiente.
>El juez no se sustituye al Poder Administrador, el que podrá orientar su
>investigación del modo que se entienda legítimamente conveniente a los
>efectos de la mayor eficacia investigativa.
>El juez ordenará que el Ministro de Defensa Nacional inicie con resolución
>fundada una investigación administrativa, la que formará cabeza del proceso,
>tendiente a determinar o comprobar la existencia de los hechos irregulares e
>ilícitos señalados en su declaración por el exsoldado Pintado (arts. 182 y
>185 del Decreto 500/991). Tal como lo exige la norma citada, conjuntamente
>deberá nombrarse el funcionario encargado de la investigación. En tal caso
>dicho nombramiento deberá respetar los siguientes principios generales de la
>Administración Pública: imparcialidad, lealtad y  buena fe (art. 2 del
>Decreto 500/991) de modo que la investigación no recaiga en una persona
>tachable por haber estado vinculada a las personas responsables de la
>violación de los derechos humanos durante la pasada dictadura. En relación a
>este nombramiento, el Juez ordenará que ocurra en forma ajustada a la norma
>jurídica aplicable (el ya citado art. 185 del D. 500/991) quedando en manos
>del jerarca ministerial la decisión de qué persona, de entre las que reúne
>aquellos requisitos, es la más adecuada para el cumplimiento del
>procedimiento investigativo.
>
>9- PRUEBA
>A) Se intime al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional, en el
>domicilio señalado ut supra, a que concurra a la audiencia munido de
>testimonio fiel del expediente a que dio lugar la comunicación de la Suprema
>Corte de Justicia referido en este escrito.
>B) Se intime a la Suprema Corte de Justicia en su domicilio de Pasaje de los
>Derechos Humanos Nº 1310 (ex Gutiérrez Ruiz) a:
>b.1) que remita a la Sede copia fiel del acta donde se recoge la declaración
>del exsoldado Sergio Pintado y se menciona a la Maestra Elena Quinteros;
>b.2) informe en qué fecha comunicó al Poder Ejecutivo el contenido de la
>declaración del exsoldado Pintado y qué respuesta obtuvo de aquél
>.
>10- DERECHO
>Fundo mi derecho en los arts. 7, 10, 12, 29 y 72 de la Constitución de la
>República, 13 num. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Ley 16.011, Ley
>16.724 (ratificatoria de la Convención Interamericana sobre la Desaparición
>Forzada de Personas) y arts  2, 175, 180, 182, 185, 194 del Decreto 500/991
>y demás normas concordantes.
>Por los hechos y fundamentos jurídicos expuesto a la Sra. Juez PIDO:
>1- Me tenga por presentada y por incoada la presente acción de amparo.
>2- Se ordene al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional que en el
>plazo de 10 días hábiles inicie con resolución fundada una investigación
>administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la Maestra
>Elena Quinteros y su paradero, considerando en particular el testimonio
>vertido por el exsoldado Sergio Pintado y recogido por la Suprema Corte de
>Justicia.
>3- Se ordene asimismo a la demandada a que designe, en el mismo plazo, el
>funcionario encargado de la investigación el que deberá ser una persona no
>tachable por sospechas de parcialidad o mala fe.
>4- Se disponga el pago de una astreinte equivalente a 100 UR por cada día
>que se mantenga el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral Nº 2
>precedente.
>Otrosí digo 1: la causa carece de estimación pecuniaria.
>Otrosí digo 2:  a los efectos fiscales estimo los honorarios fictos en $ 2.000.
>Otrosí digo: otorgo mi representación, enterada de su alcance, al letrado
>firmante (art. 44 CGP) y autorizo a notificarse, examinar el expediente y
>retirar documentación (arts. 85 y 107) a las siguientes personas: Elena
>Lagomarsino, Raúl Olivera y Milton Romani.
>**********************************************************
>Sara Mendez - Raúl Olivera / Secretaría de DD.HH.- PIT-CNT / Comcosur
>
>
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